Tecnologías de la Información en la Administración Pública

Derechos Digitales

Ciberseguridad

De los ataques cibernéticos que se han conocido, figura el ataque de ransomware, un tipo de malware que se encarga de cifrar todos los archivos de un dispositivo, computadora, para posteriormente pedir algún tipo de rescate para la recuperación de la información contenida.

Otro tipo de ataque muy común es el llamado defacement, o desfiguro, el cual consiste en ingresar y pasar el panel de control de administrador para posteriormente desfigurar el sitio web, lo cual crea un desprestigio; usualmente es usado para dejar mensajes y mostrar las capacidades de los ciber atacantes.

En algunos casos se generaron ataques cibernéticos en donde, mediante un buscador especializado (shodan), se podía visualizar y obtener diversa información personal o clasificada como reservada.

Por lo anterior es que la seguridad en materia digital o, en este caso ciberseguridad, al cubrir una diversidad de ramas y aspectos, se hace un punto completamente necesario como Derecho Digital, no solo para los usuarios si no para los actores de gobierno.

Al menos en la parte de la administración pública, el tema de la seguridad sigue siendo delegado a los cuerpos informáticos, mientras que el usuario no tiene ni la más mínima importancia hacia lo que podría ser un verdadero factor de prevención; por ello, se requieren campañas de difusión que promuevan una sensibilización tecnológica a la par de buscar un entorno de teletrabajo seguro, pues, un atacante puede ingresar más fácilmente a la red de la víctima desde casa e interceptar datos como contraseñas gubernamentales, tomar el control del dispositivo móvil o computadora, entre otros.

Los bancos y las instituciones financieras han sido los principales objetivos de actores hostiles.

El delito cibernético es la principal amenaza, que debería continuar en el futuro previsible.

Se han conocido casos de ciber espionaje dirigido a intereses mexicanos. Tal actividad depende en gran medida de la intención de los actores que buscan determinar la posición del gobierno sobre cuestiones geopolíticas, y fluirá y refluirá en consecuencia.

Desafortunadamente, las dependencias y entidades gubernamentales mantienen información limitada para brindar más fidelidad a las estadísticas de actividad cibernética hostil. Dicho esto, en el contexto mexicano actual, no existe ley que exija a las organizaciones, públicas o privadas, informar sobre las infracciones o ataques cibernéticos que hubieran sufrido, por lo que esas estadísticas, incluso si estuvieran disponibles, no serían del todo confiables.



Datos personales

El derecho a la protección de datos personales incluye a su vez el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de datos personales (Derechos ARCO) que para su efectivo ejercicio es necesario solicitarlo ante el responsable que trata los datos personales.

Es de suma importancia conocer este punto, pues contamos con un Derecho Digital reconocido en el marco constitucional y, así como éste, esperemos pronto ver algunos otros derechos digitales más con un respaldo legal y, quizá, alguna entidad de gobierno que pueda encargarse de que se haga valer su debido ejercicio.

Las dependencias y entidades gubernamentales tienen que apegarse a lo indicado en la Ley, para el resguardo, manejo, uso final e implicaciones en materia de datos personales; aquí es donde nos encontramos con un concepto relacionado: la transparencia.

El Gobierno de México ha habilitado plataformas digitales para garantizar que los procesos de adquisición, contratación y todo lo relacionado con dichos temas, sean verificables por la ciudadanía interesada, dando a conocer montos, proveedores, necesidades y todo lo involucrado con ello.

Otro punto a conocer de la transparencia en México, es el acceso que puede tener un ciudadano mediante solicitudes información. Aquí hablaremos de la delgada línea entre la realidad y el hecho de solo pedir información, sin más.

FUTUROS USOS TECNOLOGICOS

Otro de los conceptos que ha traído mejorías cuando es implementado, es Big Data, consistente en el análisis de grandes volúmenes de datos para  obtener  y  utilizar  información en específico.

Las ventajas para la administración pública al usar big data permitirían identificar y atender problemáticas sociales con menor tiempo y esfuerzo, dejando una base de antecedentes de atención en cada una de las dependencias u organismos públicos descentralizados.

Podemos utilizar al SAT de ejemplo, para el caso específico de valerse de algoritmos de big data que se encargan de analizar enormes volúmenes de información para detectar comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes.

A la par de poder mejorar los trámites y servicios, el big data podría ser la mejor métrica, por ejemplo, para lograr medir la cantidad de satisfacción de personas atendidas en las diversas entidades del país, pues el big data podría incluso llevarse al plano de redes sociales y con ello reforzar las estrategias de atención directa, como factor preventivo a ataques infundados y mediatizados, el big data juega papeles benéficos.

Por último, algo que quizá tengamos en nuestras manos como usuarios, pero no logramos comprender es, la Inteligencia Artificial (IA), que es la capacidad de la máquina para otorgar soluciones con base a algoritmos e identificación de casos particulares, y está presente en nuestros móviles de uso cotidiano. Analicemos como podría tener impacto en las labores gubernamentales.

En algunas dependencias y entidades gubernamentales se cuenta con el uso de chatbots, algoritmos preconfigurados para la atención en chats, los cuales dan respuesta para registrar alguna cita, trámite, responder preguntas, brindar ayuda, eficientando y dejando de lado la parte humana de canalización

CONSIDERACIONES FINALES

Queda claro que los derechos digitales deben ser un tema relevante para México. Su reconocimiento hoy más que nunca, debe hacerse una realidad y, ese contexto evolutivo, adaptativo, debe llevarse de la mano para la implementación interna en cada una de las dependencias y entidades gubernamentales, pues con ello se podrá buscar homologar un marco legislativo tangible y garante.

Las tecnologías como inteligencia artificial y big data podrán brindar mayores parámetros de eficiencia y eficacia en distintas dependencias e incluso tareas cotidianas de un usuario común, el despliegue de una mejor y mayor infraestructura para lograr acabar con la brecha digital tanto en poblaciones alejadas, como en entornos citadinos que por negación al uso de la tecnología se estancan; la implementación de tales tecnologías deben llevarse de la mano con una colaboración entre diversos sectores, academia, gobierno, empresas y ciudadanía.